José Riba Vidal, Socio Fundador de Riba Vidal Abogados
El empresario, acuciado por los problemas del día a día, en un mercado cada vez más tecnológico, competitivo y complejo, se ve asaltado permanentemente por exigencias de carácter burocrático de las que difícilmente entiende su necesidad o utilidad. Una de ellas es la obligación de desarrollar un programa de cumplimiento normativo, comúnmente conocido como compliance, dentro de su propia compañía, con el establecimiento de políticas de control, cursos de formación y creación de órganos de vigilancia internos, destinando tiempo y recursos económicos a una actividad aparentemente nada productiva.
Sus asesores le explicarán el carácter balsámico del compliance a la hora de mitigar las responsabilidades sobre todo de índole penal en las que pudiera incurrir la empresa o el propio empresario o sus directivos. Ciertamente eso es así, y justifica por sí solo la toma de decisión de afrontar dicho cumplimiento normativo. Pero no voy a desarrollar ese aspecto del compliance sobre el que se escribe y reflexiona a diario.
Mi objetivo es concienciar al empresario de que el compliance es la piedra angular de una política de inteligencia y de contrainteligencia tanto en el ámbito competitivo como en el jurídico y, por supuesto, en la vertiente litigiosa de este último.
El entorno tecnológico globalizado genera la aparición de mecanismos de competencia ocultos tras la maraña de redes tecnológicas, que pueden atacar a nuestra compañía sin que percibamos ni cómo ni desde dónde, hasta que ya es demasiado tarde. El menoscabo de la reputación; la intoxicación informativa a clientes, proveedores, financiadores, socios, empleados; el acceso no consentido a información confidencial; la instrumentalización de las redes sociales de los propios directivos o empleados y un sinfín de actuaciones que de manera directa o desde la distancia permiten la utilización de servidores foráneos, sitúan a la empresa en un entorno de incertidumbre y vulnerabilidad.
La realización de planes de actuación, proyectos estratégicos o la toma de decisiones del empresario pueden estar basadas en informes inexactos o falaces o en datos tergiversados, que las modernas técnicas de manejo de los canales de comunicación, permiten distorsionar en tiempo real. Es fácil encontrar en la prensa artículos sobre técnicas de tomas de control forzadas sobre empresas, “Raiding”, y otras probablemente en vías de desarrollo, todavía no bautizadas.
No podremos defendernos de estas y otras amenazas, si no tenemos una estructura de inteligencia empresarial y, sobre todo, de contrainteligencia.
La utilización de servicios de inteligencia, sigue siendo todavía para muchos empresarios un tema ajeno, más situado en el ámbito de los Estados que en el de la empresa. Considerado muchas veces como un servicio a contratar con desconfianza y sin demasiado rigor en la selección de los proveedores del servicio. Este es un grave error al que debemos poner fin.
La inteligencia en el ámbito empresarial es básica tanto en la normalidad como ante el riesgo o la incertidumbre, y debe ser desde el órgano de compliance, con el más escrupuloso cumplimiento de la legalidad, desde donde se proponga la contratación de gabinetes de inteligencia empresarial y despachos de abogados especializados en inteligencia jurídica.
El compliance necesita apoyarse en métodos y criterios de inteligencia para ser efectivo y los mecanismos de inteligencia deben ajustarse a los procedimientos de compliance, generándose un binomio indisoluble.